Movimiento Revolucionario Tupamaro. Trujillo

Tanto demócratas como republicanos se opusieron rotundamente a dejar de lado la investigación que recién iniciaron, para averiguar la verdadera razón por la cual la CIA destruyó cintas con grabaciones de interrogatorios a sospechosos de supuesto terrorismo, en la que presuntamente se aplicaron métodos de tortura.

Congresistas estadounidenses rechazaron este domingo la solicitud que hiciera el gobierno del presidente George W. Bush, de que desistan de investigar la polémica destrucción por parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de cintas con grabaciones de interrogatorios a sospechosos de supuesto terrorismo.

Tanto demócratas como republicanos se opusieron rotundamente a dejar de lado la investigación que recién iniciaron, para conocer la verdadera razón por la cual la CIA se deshizo del material de video.

Los legisladores insistieron en que el Congreso debe proseguir con su investigación luego que el actual Fiscal General, Michael Mukasey, quien durante su proceso de ratificación se negó a condenar ciertos métodos de tortura, pidiera postergarla argumentando que supuestamente puede dañar la investigación que adelanta su despacho.

Sin embargo, influyentes congresistas consideran que los videos, grabados en 2002, demostraban cómo expertos del espionaje estadounidenses efectivamente aplicaron las tan denunciadas torturas de manera reiterada, para tratar de obtener informaciones por boca de personas sospechosas de terrorismo.

"Queremos hacer que la comunidad (de inteligencia) responda por lo que ocurrió con esas cintas", dijo el legislador republicano Pete Hoekstra, miembro de la comisión de inteligencia en la Cámara de Representantes.

Hoekstra acusó a las agencias de inteligencia estadounidenses de tener problemas "sistémicos", e hizo referencia a la falsa información de inteligencia sobre la presunta posesión de Irak de armas de destrucción masiva, que nunca fueron halladas, y el giro sobre las ambiciones nucleares iraníes, que el gobierno de Washington insiste en asegurar que son peligrosas mientras un reciente informe de las agencias de inteligencia reveló que el país persa abandonó en 2003 su programa militar de enriquecimiento de uranio.

"Así que tenemos una comunidad (de inteligencia) que es incompetente. Son arrogantes. Y son políticos. Y no creen deberle explicaciones a nadie", dijo Hoekstra, y añadió que la Cámara de Representantes seguirá con su investigación y citará a funcionarios de la CIA para que declaren.

Y es que, según reveló el diario estadounidense The New York Times, el Departamento de Justicia ha asumido una postura hermética hacia el comité del Congreso que hace seguimiento al escándalo de los videos, al negarles todo tipo de información sobre el controversial asunto.

El director la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Michael Hayden, tuvo que comparecer el martes pasado ante un comité del Senado, donde reconoció que sus subalternos destruyeron en 2005 varios videos de interrogatorios comprometedores para ese servicio.

Hayden alegó que los oficiales deshicieron las cintas para garantizar la seguridad de los interrogadores, e incluso aseguró que su oficina informó al Comité de Inteligencia del Congreso de EEUU no sólo de la existencia de las cintas, sino también de sus intenciones de destruirlas.

Pero, los representantes demócrata Silvestre Reyes y republicano Peter Hoekstra recordaron a Hayden que su organismo jamás informó ni pidió un permiso oficial para hacer desaparecer un material fílmico de tanta relevancia documental.

Ademas, la congresista Jane Harman, que en ese entonces era miembro de la comisión de inteligencia de la Cámara de Representantes y pidió a la CIA en 2003 que no destruyera las cintas, dijo que el pedido del Departamento de Justicia de postergar la investigación genera sospecha.

"Estoy preocupada", dijo en una entrevista a la televisión estadounidense. "Me huele a un encubrimiento del encubrimiento".

Hasta el momento se conoce que el funcionario que emitió la orden directa en noviembre de 2005 fue José Rodríguez, entonces jefe del Directorio de Operaciones.

Incluso, oficiales subordinados a Rodríguez confesaron que dos años antes abogados vinculados al Departamento de Justicia indicaron la necesidad de conservar las grabaciones, pero la CIA incumplió la ordenanza federal.

Grupos de derechos humanos cuestionan la legitimidad del proceso y afirman que la agencia cometió un delito típico de obstrucción de la justicia para encubrir sus sistemas de torturas y coerción contra detenidos.