Movimiento Revolucionario Tupamaro. Trujillo

El padre de la activista mapuche, Patricia Troncoso, quien desde el 12 de octubre de 2007 permanece en huelga de hambre, interpuso este jueves un recurso de amparo contra la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, para revertir el traslado de su hija desde el hospital de Temuco (al sur de Santiago) hacia otro centro de salud, pues esto "hace peligrar su vida", dijo el abogado de la causa, Hugo Gutiérrez.

"Creemos que sin duda acá hay que tomar medidas, esto de haber trasladado a Patricia desde Temuco a la ciudad de Chillán hace peligrar su vida, y eso lo sabe muy bien el gobierno, que en sus manos va a recaer la responsabilidad última de que la vida de Patricia esté en peligro", explicó el jurista acompañado de Roberto Troncoso, padre de la líder mapuche.

Gutiérrez agregó que el traslado constituye un "acto arbitrario e ilegal" de "un gobierno que no toma decisiones para resolver la problemática que está afectando a los prisioneros mapuches".

Por su parte, Roberto Troncoso, tras entregar el documento ante una corte de Santiago (capital), destacó que durante los 90 días que Patricia estuvo en ayuno voluntario "nadie de parte del gobierno" se acercó a ofrecerle "alguna solución".

Responsabilizó a Michelle Bachelet y a su equipo de Gobierno de todo lo que pueda sucederle a su hija, incluso de su muerte.

"Todo lo dejo en manos de la Presidenta (Michelle Bachelet) y los que integran el Gobierno. Si mi hija muere en este momento, va a quedar en las espaldas de ellos", fustigó.

En declaración pública dada a conocer el miércoles 16 de enero por los familiares de "La Chepa", como es conocida la activista, se señala que "Patricia fue sacada de la cárcel de Angol al hospital de Temuco y de allí al hospital de Chillán" (…) para, de este modo, silenciar su caso". Denuncian, además, que "ésta determinación fue tomada sin comunicarla a la familia.".

A pesar que el Ejecutivo explicó que el traslado de la líder se hace para que pueda estar más cerca de sus familiares, el senador chileno, Alejandro Navarro, denunció que esto es falso, pues ni los padres de "La Chepa", se pueden acercar a la dama.

Según Navarro, la pretensión del Gobierno de Bachelet es "aislar" al movimiento mapuche de la activista y manifestó que si a las autoridades les interesara realmente la salud de Patricia Troncoso, la habrían trasladado a Santiago, donde los hospitales están dotados de más tecnología que los de Chillán y podrían salvarla de posibles episodios críticos.

De hecho, el miércoles pasado el director regional de Gendarmería (sistema carcelario), Ramiro Penailillo, prohibió las visitas a la huelguista.

Troncoso Robles fue trasladada al hospital "Herminda Martín" de Chillán, el pasado martes, en donde, según informó Gendarmería, es tratada por un equipo médico multidisciplinario.

La activista de la causa mapuche se encuentra en huelga de hambre desde el pasado 12 de octubre, en demanda de la libertad de los presos indígenas y el término de la presencia policial en zonas rurales.

No obstante de su estado de salud crítico y luego de haber sido condenada a 10 años de cárcel, la propia Patricia le ha planteado a sus familiares su interés en que la movilización no pierda su sentido político y recalcó que los objetivos de la huelga de hambre, que ya cumple 99 días, son el fin del hostigamiento y represión policial en el territorio mapuche, que se ha transformado en una zona militarizada; y la libertad de todos los prisioneros políticos de este pueblo.

Troncoso fue condenada a 10 años de cárcel porque presuntamente fue la autora de un incendio que afectó, en diciembre de 2001, al fundo Poluco Pidenco, propiedad de la forestal Minenco, en el municipio de Ercilla.

La condena se hizo bajo la Ley Antiterrorista, que data de la dictadura del fallecido Augusto Pinochet y que triplica las penas respecto a la legislación ordinaria.

La activista, de 39 años, ha perdido cerca de 30 kilos debido a la huelga de hambre.

Los mapuches son el pueblo indígena más numeroso de Chile y representan un 6,6 por ciento de la población total de 16 millones de habitantes.

Desde hace varios años, los mapuches reclaman para sí miles de hectáreas que consideran son sus tierras ancestrales y que hoy están en manos de grandes terratenientes o empresas forestales privadas.

Los indígenas también alegan que los recursos de esas tierras están siendo explotados de forma irracional, lo que atenta contra la vida de animales y pone en peligro ecosistemas necesarios para el equilibrio de la vida.

El pasado 20 de octubre, Bachelet firmó un proyecto de reforma constitucional que establece el reconocimiento de los pueblos originarios y sienta las bases legales para la protección de sus tierras y aguas.

Bachelet basó la importancia del proyecto en la necesidad de reconocer el carácter multicultural de Chile y promover la preservación de las tradiciones indígenas, sus idiomas, instituciones y formas de organizarse.

Sin embargo, grupos como los Mapuches y organismos de derechos humanos, consideran que aún este objetivo planteado no se concreta.