Movimiento Revolucionario Tupamaro. Trujillo

La legalidad de la demanda presentada el pasado 24 de enero por Álvaro Uribe, contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Julio Valencia, por supuesta difamación e injuria, fue cuestionada por los abogados del magistrado acusado, que alegan que durante la fecha de presentación del documento legal, el mandatario colombiano se encontraba fuera del país, en una gira por Europa.

"En la denuncia formulada por el Presidente aparece que el 24 de enero hizo presencia ante la secretaria de la Comisión de Acusaciones. Ese día no podía estar allí y simultáneamente en Europa", dijo el ex magistrado de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán Sierra, uno de los tres defensores del presidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia.

"En una demanda tan delicada, de entrada hay un hecho que no es cierto", agregó.

Uribe demandó a Valencia por calumnia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, de mayoría uribista, luego que en una entrevista, concedida a un semanario local, el jurista afirmara que el jefe de Estado lo había llamado telefónicamente el pasado 26 de septiembre desde Nueva York (EEUU) para preguntarle sobre el caso de su primo, Mario Uribe, senador oficialista investigado por ese tribunal por sus nexos con los paramilitares.

Beltrán explicó que las acusaciones de Uribe contra Valencia son "peligrosas para la democracia".

"Lo que sí resulta perturbador es que el Jefe del Estado, símbolo de la unidad nacional, formule en las situaciones que está viviendo el país, unas acusaciones tan supremamente delicadas contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando existe un ambiente en el país de carácter político tan delicado como que hay un conflicto armado, un proceso que se adelanta con las autodefensas (Autodefensas Unidas de Colombia, grupo paramilitar)", opinó el defensor.

"Recuerdo con exactitud que cuando el Presidente (Uribe) me contactó telefónicamente, yo me encontraba en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La llamada del Jefe de Estado me causó profunda sorpresa. La Sala Penal acababa de llamar a indagatoria al doctor Mario Uribe. En ese momento, en tono alterado, me expresó su disgusto por algunas decisiones que venía tomando esa Sala y, en términos no muy claros, alcanzó a referirme otros hechos relacionados con algunas actuaciones de un magistrado auxiliar. Como usted comprenderá, aparte de la perplejidad que sentí por lo inusual de la llamada, prácticamente me limité a escucharlo. A los pocos días, y tras algunas conversaciones con el presidente de la Sala Penal, Sigifredo Espinosa, citamos al Fiscal y al Procurador para enterarlos de lo ocurrido", aseguró el juez en la entrevista publicada el 12 de enero pasado por el diario El Espectador.

Cinco días más tarde, 17 de enero de 2008, la Presidencia de la República de Colombia, negó, mediante un comunicado, la aseveración de César Valencia y le pidió a la máxima autoridad judicial del país que rectificara.

"El Presidente reitera, bajo juramento, que el caso del senador Mario Uribe no fue objeto de esa ni de llamada alguna al Presidente de la Corte Suprema o a los demás magistrados", puntualizó el comunicado.

Pero lejos de hacerlo, Valencia volvió a defender su versión y le dirigió una carta a Uribe, el pasado 15 de enero.

"En torno de su misiva recibida el pasado 15 de enero, me permito señalarle, como lo narré al semanario El Espectador, que atendí una llamada telefónica que usted efectuó desde la ciudad de Nueva York, en la que me expresó en tono molesto su preocupación por la citación a indagatoria del senador Mario Uribe Escobar", reza parte de la misiva.

"Como las respuestas que di a la periodista Cecilia Orozco de El Espectador, a las cuales me atengo, quedaron circunscritas a los términos referidos, y corresponden en forma fiel y estricta a la realidad, no existe ninguna razón por la que deba rectificar", explicó.

En respuesta, Uribe lo demandó.

Otro magistrado acusado

Precisamente cuando la CSJ se disponía a llamar a indagatoria al primo de Uribe, el magistrado auxiliar, Iván Velásquez, quien coordina las investigaciones de la parapolítica fue acusado de utilizar al ex paramilitar, José Orlando Moncada, alias Tasmania, para comprometer al presidente.

La acusación contra Velásquez la hizo, en octubre de 2007, el propio Uribe Vélez, quien aseguró que "Tasmania" le había hecho llegar una carta donde le advertía sobre los beneficios procesales con que lo habían sobornado para que culpara a Uribe de haber  ordenado asesinar a "René", comandante de las AUC en el departamento de Antioquia (noroccidente).

De inmediato, el magistrado refutó los señalamientos y anunció que tomaría acciones legales contra "Tasmania".

Pero el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Judicial no terminó allí. Álvaro Uribe inició una batalla mediática contra la Corte Suprema y llamó a todos sus miembros "clientelistas" y "Puesteros".  A Valencia lo acusó de "farsante".

La Corte respondió calificando las declaraciones de Uribe como una "obstrucción a la justicia".

El oscuro mundo de la parapolítica

Además de Mario Uribe Escobar, primo y compañero político del gobernante y que ha sido acusado por Jairo Castillo Peralta, alias "Pitirry", testigo estrella de la Corte, de tener nexos con el paramilitarismo en el departamento de Sucre (norte), otros 131 dirigentes políticos que son o fueron parlamentarios, gobernadores, alcaldes, concejales o diputados, están mencionados en los expedientes de la parapolítica.

Del total, 60 son parlamentarios y 19 lo fueron.