Movimiento Revolucionario Tupamaro. Trujillo

Pero detrás de estos datos se solapa un conflicto virulento que, de acuerdo a registros que llevan organizaciones campesinas, ha dejado 200 personas asesinadas en los últimos cinco años. "Los terrófagos pensaron que esto no era en serio, pero el gobierno del presidente Chávez tiene la disposición de colocar 5 o 10 millones de hectáreas a favor de un plan productivo".

¿No resulta contradictorio que frente al balance que ha hecho se produzcan manifestaciones de violencia?
Esto hay que combinarlo con una estrategia política. Yo creo que en las primeras de cambio la parte más ácida de Fedecámaras, de Fedenaga, encabezaron una campaña que, en mi opinión, tiene un carácter fascista.

Rompieron la Gaceta Oficial en la que se publicó la Ley de Tierras, por ejemplo. Nosotros tenemos recortes de prensa en los que llamaron a armarse y rearmarse a sus asociados. Y es para ese momento (2001) cuando se producen las acciones más violentas de sicariato. Lo que se advierte es que estas muertes por encargo, este choque atroz, se producen en el corredor que comprende Zulia, Barinas, Apure y Táchira.

¿Cuántas víctimas han contabilizado ustedes?
Registrados por el movimiento campesino, por la Coordinadora Nacional Ezequiel Zamora, el Frente Socialista Jirajara, la Asociación de Protección de Víctimas del Sicariato, estamos hablando de 200 personas. El móvil de estos crímenes, no hay duda, tiene que ver con el rescate de las tierras y la determinación del movimiento campesino de hacer productivas esas tierras. Ese número no incluye a heridos y lisiados.

El sicariato implica un modus operandi en el que hay autores intelectuales que ordenan esos asesinatos. ¿Quiénes son las personas involucradas?
En el Zulia, no hay duda de que la familia Contreras Barboza (no confundir con Omar Barboza), tanto Orlando como Fernando Contreras. Tenemos, además, el registro de familias, con nombres y apellidos, que hemos denunciado por presuntas actuaciones. Esas denuncias las estamos haciendo del conocimiento de la Fiscalía, de los tribunales y de los organismos de seguridad. Hemos dicho que hay como una deuda de actuación de parte de algunos organismos del Estado, a pesar del llamado constante que hace el ciudadano presidente de la República, Hugo Chávez Frías, para que se mantenga, primero, la protección a los campesinos y para que se ejecuten las decisiones que están tomando las autoridades del Inti para impedir el desalojo. Por otra parte, acciones concretas de protección militar a los asentamientos que ya están productivos. De lo contrario, se estarían creando condiciones de inseguridad e incertidumbre en los sectores campesinos.

¿Se han producido acciones de organismos oficiales contra el movimiento campesino?
Hablamos de debilidades. Está el caso de Henry López Sisco. Luego de que denunciáramos a este señor, que era jefe de seguridad del gobernador Manuel Rosales, hubo 35 asesinatos en la zona (Zulia). Al hacer la revisión, advertimos que Rosales, a través de la presión que ejercía y de la vacuna que cobraba, porque no hay la menor duda, estas personas se apoderaron de 8 o 10 fundos. De ahí la responsabilidad que estamos anunciando, que se profundice la averiguación, las acusaciones respectivas de las denuncias que estamos haciendo.

¿Cuál ha sido el papel de la justicia? ¿El papel de la Fiscalía?
Nosotros consideramos que ha sido muy lenta.

¿Usted está hablando de un período de cinco años?
Sí, en esos cinco años se han producido algunas detenciones, como es el caso de Orlando Peña Luzardo, quien fue detenido en el Zulia y estaba echando el cuento de quiénes eran los autores intelectuales. No sé cómo logró fugarse, y ahora es un prófugo de la justicia.

Eso está denunciado y precisado. Yo tengo la impresión de que hay como temor de actuar contra peces gordos y ciertos apellidos en Venezuela. Lo que estamos haciendo es sensibilizar a los organismos del Estado para que se tomen los correctivos necesarios. Vamos a seguir avanzando de acuerdo a las denuncias que tenemos por tierras que son patrimonio del Estado venezolano. Son 500 solicitudes. Pensamos que con ellas se van a cubrir las expectativas para el plan productivo.

¿No le parece temerario involucrar a Manuel Rosales precisamente en medio de una campaña electoral? ¿No debería llevar el caso a los tribunales, a la Fiscalía?
Mira, por el procedimiento y la forma como ellos adquirieron los fundos y los hechos que se produjeron en esas áreas, no hay la menor duda de que ellos tienen conexión con el sicariato. Más aún, hace año y medio, estando detenido Eduardo Lapi en el estado Yaracuy, tanto el gobernador Rosales como Henry López Sisco se dieron el tupé de visitarlo. No olvidemos que a Orlando Peña lo acusan de haber asesinado a más de 60 personas y de cinco desapariciones forzosas que hubo en Yaracuy. Hay una relación directa. Estamos frente a gente que no tiene ningún temor de liquidar a cualquier persona que pudiera resultar un inconveniente para sus aspiraciones económicas o políticas.

¿No cree que al no haber reparto de tierras y que la gente se vea en la necesidad de invadir se crea zozobra en el campo?
Nosotros somos de los que creemos que aquí hay todo un plan de provocación, que no solamente es producto de las posibles tardanzas de orden administrativo que pudiera haber en las instituciones, sino que obedece a un plan político. Observamos que, en cada fecha en la que pudiera haber consultas o remociones de autoridades locales o regionales, se advierten acciones muy contundentes de este tipo. Le hemos pedido al presidente del Inti, ante los casos que tiene, que se pronuncie y decida, porque de otra manera el movimiento campesino tiene que buscar otras alternativas o el Estado tiene que proveerlas. Aquí ocurren cosas como ésta: ¿cómo es posible que Henry López Sisco, acusado de tres masacres, acusado de asesinato por encargo de campesinos y de extorsionar a las víctimas de un secuestro, que lo habían contratado para que supuestamente diera con los secuestradores, esté residenciado en un país que se dice defensor de los Derechos Humanos? Algo está pasando, porque contra nosotros, contra el gobierno bolivariano, hay acusaciones de violación de los Derechos Humanos y no es así, porque al revisar la conducta del presidente Chávez advertimos que hay un respeto a la vida, a los Derechos Humanos y la integridad moral de quienes, de alguna forma, han estado en conflicto con el Estado.

¿Usted cree que en Venezuela hay presencia de grupos paramilitares?
Aquí están llegando los paramilitares. Hemos hecho denuncias concretas a los organismos correspondientes, con el debido soporte y señalamientos de cómo se han venido moviendo, de sus actuaciones y del modus operandi.

El sicariato hace una vida efectiva entre los jóvenes, cuyas edades oscilan entre 13 y 18 años. Eso significa enseñar a esos muchachos no solamente a matar, sino a descuartizar a personas vivas. Es algo realmente atroz.

Usted afirma que esto obedece a un plan político y, además, hizo mención al corredor que abarca Zulia, Barinas, Táchira y Apure. ¿Está refiriéndose a la famosa "media luna"?
Por coincidencia, este tipo de actuación se está dando. ¿Pero qué descubrimos allí? Que en estos conflictos por tierras pasan las áreas de exploración de la industria petrolera venezolana. Estamos hablando de 500 hectáreas pertenecientes a la familia Merchenán, a la que le han asesinado a varios integrantes y hostigan para que vendan sus propiedades. Imaginemos lo que significa un pozo de extracción petrolera en unos terrenos que presumimos son propiedad privada. Allí hay erogaciones en dólares. Eso está ocurriendo tanto en el Zulia como en Barinas.

Igualmente, en el sur del país (Bolívar), donde han asesinado a 167 trabajadores. Allí hay una veta de oro lo suficientemente productiva como para pagar tres veces la deuda externa. Nosotros, los campesinos, somos la parte más neurálgica, porque estamos interesados en reencontrarnos con nuestra historia, con nuestra cultura. Eso nos obliga a resistir.

Allí resistimos los engaños de los últimos 40 años, de eso que se denomina la IV República y de una reforma agraria fracasada.

¿No resulta, al menos llamativo, que luego de un proceso constituyente, a raíz del cual se creó una nueva institucionalidad, incluido el Poder Moral, la respuesta del Estado sea, digamos, endeble? ¿Cómo la calificaría usted?
No olvidemos que esto es un proceso, que podemos correr el riesgo hasta de retroceder.

En 2002 le vimos los dientes al gorila, al fascismo, y a quien te habla, al igual que muchos camaradas, nos abrieron expedientes por tráfico de armas y estupefacientes. Es decir, no teníamos la posibilidad del asilo político porque éramos considerados como narcotraficantes. Allí vimos lo oscuro de la vida.

¿Qué pasa? Que todavía tenemos jueces, por ley de carrera profesional, que producen sentencias, pero con la Constitución volteada. Tenemos más de 1.400 campesinos imputados, a quienes les están aplicando los artículos 471 y 472 (invasiones urbanas) del Código Penal. ¿Qué significa eso? Que dentro del marco de la esperanza y de la vida, se consiguen elementos, partículas, rémoras, que tiene una posición definida y que no quieren que el Estado cambie. Nos hemos querellado con abogados que aplican el derecho con un desconocimiento de lo que es la Ley de Tierras y de Desarrollo Agrario y de la propia Constitución bolivariana.

SU PERFIL

Nombre
Braulio Álvarez.

Urachiche (Yar.), 56 años.

Maestro de Escuela
por la Escuela Normal Simón Rodríguez del estado Carabobo. Dirigente sindical y productor del campo.

Fundador, junto con el presidente Chávez, del Movimiento Bolivariano. Fue constituyentista por el estado Yaracuy.

Es diputado
de la Asamblea Nacional e integrante de la Comisión de Desarrollo Económico.